Lundin y su mala estrategia para pedir lo que todos quieren (por Julio Turcumán)
La minería es el único sector de la actividad económica de la Argentina que puede garantizar, en un tiempo breve, una inversión de miles de millones de dólares. No existe otro que tenga estas características. Podrán hablar del campo, del hidrógeno verde o de cualquier otra cosa, pero el único sector que puede inyectar en un par de años miles de millones de dólares a cualquier economía es la minería. Los sanjuaninos lo vimos con Veladero, Gualcamayo, Casposo y con el fracaso de Pascua-Lama. La economía local superó por años los promedios de crecimiento de la Argentina inclusive y eso fue posible con la minería. Hoy la situación es distinta. Con el agotamiento de reservas en Casposo, Gualcamayo en etapa de cierre y Veladero con una vida útil hasta 2028, se hace necesario pensar en desarrollar un nuevo emprendimiento minero. Hoy todos los focos están puestos en Josemaría, del grupo Lundin, el proyecto que estaría por contar en breve con su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, ese megaproyecto de cobre está a la espera de un ordenamiento tributario de la Argentina que haga factible la inversión de 4.100 millones de dólares que requiere, lo mismo que otros en otras provincias, como Taca Taca en Salta, de la australiana First Quantum, o el gigante de Los Azules también aquí en San Juan. Pero (siempre hay un pero) si había una forma buena y otra mala para gestionar esas garantías mínimas para una inversión de este tipo, los representantes del grupo Lundin en San Juan se esmeraron en recorrer la peor, y es así que ajustados o presionados vaya a saber por qué o por quién, amenazaron a la Nación y a la provincia a que si no les dan varios papeles firmados, no habrá inversión. Error de cálculo. Lo que piden es bien complicado cuando se conocen las características del Gobierno nacional y se sabe de sus modos y la reacción que tienen a este tipo de presiones públicas. Por eso sorprendió el intento de apriete del geólogo Alfredo Vitaller, quien pidió públicamente en una entrevista con Diario de Cuyo, una garantía nacional de que no habrá cambio de reglas de juego en un corto tiempo. Si bien, aparentemente, eso es común en otros países, en la Argentina de estos días, es imposible. Un Gobierno partido en más de dos pedazos que no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo pagar las deudas que tiene, no le puede prometer a una empresa que mantendrá la coherencia. Y menos poner la firma en un documento. También Vitaller, a modo de confesión, admitió que en los últimos tres años han fracasado en gestionar esos desafíos tributarios que conocen como empresa desde que se radicaron en San Juan en 2003 y cuando hicieron su prefactibilidad y factibilidad económica, esta última en octubre de 2020. Porque, a decir verdad, nada cambió en este bendito país desde que los empresarios hicieron sus números. Es decir, el escenario del que se queja Vitaller hoy, lo sabían hace años cuando empezaron a poner plata.
Pero dejando de lado las torpezas y yendo al fondo de la cuestión, todo el sector minero y agroexportador necesita reglas de juego claras y condiciones mínimas para desarrollarse en un país y en una provincia normales. Estamos hablando de que, si dan esas condiciones y sólo tomando el caso de San Juan, la provincia tendría una inversión de unos 10 mil millones de dólares en los próximos 5 años contando solamente con Josemaría, Pachón y Los Azules. Para poner en contexto, Veladero se puso en marcha con 450 millones del billete verde. Claro, de aquel momento pasaron casi 20 años, otra provincia, otro país, y otro mundo.
Más allá de las declaraciones a destiempo del capo de Lundin, compartidas por una parte del sector minero, rechazadas por otros, y casi vapuleadas por el Gobierno provincial, resulta urgente que la gestión que lidera Alberto Fernández realice algunos cambios que acerquen los miles de millones de dólares que podrían poner a San Juan en una situación bastante más aventajada de la que se encuentra en este momento. También al país.
La Argentina atraviesa en estos momentos una situación excepcional: los chilenos con nuevo presidente más cercano al comunismo, se debaten en un nuevo texto constitucional en donde no saben si van a expropiar o no sus minas en operación; mientras que los peruanos, para no ser menos y basados en una muy parecida ideología política, no logran contener la violencia que las mismas autoridades promovieron en la campaña electoral. Llevan 3 cambios de Gabinete casi completos en 7 meses de gestión y 5 operaciones mineras paradas por manifestaciones. Situaciones que hacen que las empresas del resto del mundo miren de otra forma a la Argentina y también a San Juan.
Pero ¿qué es lo que piden las empresas mineras? Recupero del IVA de la construcción para reinvertirlo en el proyecto minero. La devolución del IVA en estos casos está demorada a pesar de que está garantizada por ley. Hay presentaciones de muchas compañías que llevan cuatro años sin resolver. Estabilidad fiscal. No se puede estar explicando a los inversores que un año hay que tomar créditos y al año siguiente decirles que no se pueden pagar, que el gobierno les secuestró los dólares y que deben hacerse cargo de esas deudas desde las casas matrices. El sistema de cambio de moneda. Se preguntan cómo van a traer los dólares si no hay garantías de que puedan llevarse las ganancias después de pagar todos los tributos que corresponden. Preocupa en este caso la brecha cambiaria porque el dólar se recibe a 125 pesos y los costos los tienen a 225. Divisas-Mercado de Cambios. Los empresarios tenían esperanza que el Decreto 234 de Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones diera un poco más de consideración a la inversión minera. Sostienen que debe haber más disponibilidad de divisas para inversiones gigantes como son las de la actividad minera.
Es muy probable que antes de que termine este mes, el gobernador Sergio Uñac asuma los costos políticos de aprobarle a Lundin el rudimentario Informe de Impacto Ambiental que presentó ante las autoridades hace ya algunos meses. Ese informe saldrá con un par de objeciones, seguramente, porque ha sufrido varios traspiés mientras se trabajó en la comisión evaluadora. Todo eso es natural, y debe entenderse de esa forma: una empresa quiere invertir lo que menos pueda y ganar lo que más le dejen ganar. Los organismos privados y estatales que participaron de la evaluación tienen que cuidar cada nicho propio. Y el Gobierno provincial tiene que hacer la de Messi: que todos ganen plata sin que nadie se enoje. Todo es difícil, pero es lo mejor que se puede hacer. Uñac, o la gestión del gobernador sanjuanino, sufrirán algún raspón de pintura, porque no todos los miembros de esa comisión, ni de la empresa, ni los (pocos) ciudadanos que requirieron información, quedarán conformes con el informe. Uñac avanzará, tomará el riesgo, pero hay que ver qué quiere hacer la compañía y cómo se para el Gobierno nacional frente a los pedidos.
En la misma entrevista, Vitaller se deshace en intentos por asegurar que Lundin es una empresa capaz de conseguir el dinero para poner en marcha el proyecto, pero las dudas tanto en el sector, como en el Gobierno provincial de que puedan lograrlo, persisten. Ayudó la presencia de Adam Lundin en San Juan de hace un par de semanas, aunque no se supo, porque no se comunicó, qué pasó en las reuniones que mantuvieron con el ministro de Minería, Carlos Astudillo, y otros funcionarios. Por estos días todos se preguntan si el desafío de pedir garantías firmadas de que no habrá cambio de reglas de juego que hizo el gerente públicamente, fue en realidad fabricarse una excusa para hacer un bruto negocio financiero y no poner un peso más en la provincia. Ojalá que no pase.
