Inflación, autoconvocados, y la incógnita del día después (por Julio Turcumán)
Según el Indec, en junio del año 2017 el kilo de pan tipo francés en Cuyo se conseguía a $28,12. La misma fuente indica que en abril de este año había que desembolsar alrededor de $220 para conseguir el mismo producto. El precio creció 7 veces en casi cinco años. Para el Fondo Monetario Internacional, este país acabará 2022 en el selecto grupo de naciones con mayor inflación del mundo: Venezuela (500%), Sudán (244,4%), Zimbabue (85,8%) y Argentina (58%). Aunque si tomamos datos de algunos consultores privados quienes ya pronostican un histórico registro de hasta tres dígitos en diciembre, el ascenso nacional sería al tercer puesto. Ucrania, hoy en Guerra, tiene 52,4%. La región la pasa mal, en comparación a otras, pero evidentemente mucho mejor que los 47 millones que vivimos al final del continente: en los países de América del Sur y México la inflación es de 5% anual; en Asia, del 2,7%; y en Europa del Este, el IPC no supera el 0,1% cada doce meses. El Gobierno nacional, principal mandante en políticas para controlar la inflación y los asuntos financieros del país, no tiene apoyo político interno ni externo para voltear esos registros en el corto ni mediano plazo. En ese escenario, docentes sanjuaninos salieron a la calle a pedir que el Gobierno provincial les mejore los salarios. Reclamo justo, por cierto, teniendo en cuenta los datos de los primeros párrafos. El pedido de los trabajadores sorprendió a propios y ajenos porque San Juan es una provincia tranquila, donde las manifestaciones de este tipo no son frecuentes, como sí pasa en otros distritos del país. La bomba que armaron este 25 de Mayo es difícil de desactivar, porque pretenden una recomposición exprés a un atraso salarial de décadas, por la anarquía de quienes reclaman, por la falta de ayuda nacional -política y económica-, y el posible contagio que la solución a este pedido provoque en el resto de los trabajadores, todos ávidos a respuestas similares.
Los que dicen que la inflación va a trepar al 100% evalúan elementos que todos tenemos a la vista. El más notorio de todos es la falta de expectativa que genera en inversores y ciudadanos de a pie un Gobierno nacional que no encuentra el rumbo político y tropieza entre dos personas. Sin la política, la economía no puede hacer magia. Alberto y Cristina difieren en una cuestión troncal: ella sólo piensa en las elecciones, y él tiene que gobernar. Son máximas que deben ir juntas, sobre todo en un Gobierno presidencialista como el argentino. Todos los movimientos de la Vicepresidenta apuntan a mantener el capital político inmediato, es decir, los votos de la próxima elección. Si contener esos votos implica emitir cada vez más y tensar la cuerda financiera hasta el límite, ella lo hará. Por otra parte, él tiene que dar la cara todos los días ante empresarios y gobernadores, quienes reclaman cambios profundos y, sobre todo, un plan creíble, un pedazo de pan para «engañar la panza» y salir a cazar posibles ingenuos inversores. Un anzuelo. Nada científico. Sólo algo de carnada liviana. Alberto no tiene ni puede tener un plan, sencillamente porque no puede garantizar que ese plan se cumpla. No lo puede hacer sin Cristina, y mucho menos después de la última elección.
Ese choque entre las finanzas y la política está provocando que, por ejemplo, haya una notoria desaceleración del consumo, pero a la vez históricos incrementos de precios. Se vienen además aumentos en los servicios, como es lógico, y mayor presión a las empresas con paritarias cada vez más seguido y porcentajes por las nubes. Alberto necesita de los gremios y se nota que está dispuesto a darles lo que le pidan. Su capital político se reduce a eso y los gobernadores, a quienes no les queda otra que apoyar, o hacerse cargo. Ninguno quiere eso. No es razonable ni prudente.
Todo eso tiene que explotar en algún momento. Lo está haciendo. El reclamo popular que se vio esta semana en San Juan se puede dividir en dos. Lo que ocurrió en el desfile del 25 de Mayo y las marchas de jueves y viernes. El primer día eran mitad docentes y mitad militantes de partidos políticos de izquierda, quienes intentaron irrumpir en un desfile patrio para plantear, de manera violenta, un reclamo razonable. No los dejaron, pero no los reprimieron tampoco. Al día siguiente vino lo verdaderamente legítimo. La marcha del jueves resultó hasta inspiradora, porque repelió incluso a algunos actores de la política tradicional, como el Polo Obrero por ejemplo, quienes intentaron mezclarse con los manifestantes para obtener algún rédito. No los dejaron. Luego, la anarquía misma. Sin el acompañamiento de los gremios, organismos naturales para representar a los trabajadores en esta República, no podían plantear nada serio. A pesar de eso, lograron organizarse y presentar un papel con una serie de puntos que están siendo analizados ahora por el Gobierno provincial. El viernes por la tarde dieron otra señal positiva al anunciar que mañana las clases serán normales y que esa normalidad durará al menos hasta saber el resultado de la paritaria del jueves. Es decir, la intransigencia y violencia que se mostró el miércoles, no se parecen en nada a la reunión y tregua que firmaron en Casa de Gobierno el viernes. Cuesta pensar que sean las mismas personas.
El problema ahora es del Gobierno de Sergio Uñac. El mandatario quiere y tiene que terminar este lío rápido, pero sin rifarse las finanzas de la provincia. Los manifestantes, a su vez, deben saber que en toda negociación nunca se obtiene lo que se quiere en la primera o segunda reunión y tendrán que confiar. Van a lograr un incremento, seguramente, pero es difícil que lleguen al total que reclaman y mucho menos en los tiempos que ellos pretenden. El problema no es el acuerdo, que ambas partes sellarán -ahora o después- el problema será al día siguiente. ¿Quién seguirá negociando con el Gobierno provincial cuando la inflación les vuelva a comer los sueldos? ¿Habrá marchas para pedir todo? ¿Entenderán los autoconvocados que el resto de los trabajadores tienen el derecho de reclamar lo mismo, con la consecuencia para el Estado que eso puede acarrear? ¿Qué pasará con los gremios? ¿Podrán volver a confiar? ¿Podrán controlar a sus compañeros si la negociación se estira? Demasiadas preguntas para una situación casi inédita que, seguramente, se resolverá.
